Un nuevo capítulo en el caso judicial que mantiene en vilo a la comunidad de Yala se desarrolló durante la jornada del viernes pasado. Carlos Ariel Vázquez, de 47 años, enfrentó una audiencia donde se solicitó su permanencia en prisión preventiva durante cuarenta días, mientras simultáneamente se analiza la posibilidad de modificar los cargos en su contra.
La situación que generó esta nueva detención tiene sus raíces en los hechos que salieron a la luz hace poco más de una semana. Una mujer originaria de Yala presentó una denuncia formal en la que acusaba a su ex pareja de haberla amenazado gravemente de muerte, junto con sus hijos menores. Según lo informado, el sujeto había permanecido bajo custodia durante apenas veinte días antes de ser liberado, a pesar de la gravedad de las amenazas que había proferido.
Con el objetivo de resguardar la integridad física de la víctima y su grupo familiar, las autoridades judiciales implementaron un dispositivo de monitoreo denominado Dual, que permitió mantener una vigilancia constante sobre los movimientos del acusado. Paralelamente, se estableció una orden de restricción que le prohibía acercarse a menos de trescientos metros de su ex pareja. Sin embargo, el pasado martes, Vázquez incumplió deliberadamente esta medida cautelar, lo que derivó en su captura inmediata.
La letrada Paola Salguero, quien asume la defensa legal de la víctima, realizó declaraciones públicas en las que enfatizó la importancia de esta decisión judicial. Según su perspectiva, el hecho de que el imputado haya desobedecido una orden emanada de la justicia demuestra claramente su falta de respeto hacia las disposiciones legales y constituye un peligro concreto para quienes lo denunciaron. “La desobediencia a la medida restrictiva pone de manifiesto que no acata las resoluciones judiciales y representa una amenaza real para la seguridad de la denunciante y sus menores hijos”, expresó la abogada en sus declaraciones.
En consecuencia, el tribunal determinó mantener al acusado privado de su libertad como medida preventiva. Además, se extendió la Investigación Penal Preparatoria por un período de cuatro meses, durante el cual se recopilarán las pruebas faltantes y se evaluará la posibilidad de cambiar la carátula de los delitos imputados. Actualmente, Vázquez enfrenta tres expedientes distintos: uno por las amenazas originales, otro derivado de su primera detención, y un tercero por incumplimiento de las órdenes judiciales que motivó su actual encarcelamiento.
Complementando el proceso investigativo, existe una denuncia adicional presentada por uno de los hijos del imputado, que se encuentra en etapa de recopilación de evidencia. Entre las diligencias pendientes se contemplan testimonios de personas vinculadas al caso y la realización de una Cámara Gesell, procedimiento especial diseñado para proteger a menores durante sus declaraciones.
Salguero subrayó que la decisión de mantener al acusado en prisión preventiva genera un efecto tranquilizador tanto para la víctima como para sus hijos, permitiendo que la investigación avance sin que el denunciado permanezca en libertad. “La reclusión del imputado constituye la estrategia más efectiva para garantizar la protección de quienes estuvieron expuestos a riesgos significativos mientras se completa el proceso investigativo”, concluyó la representante legal.
