Un caso de violencia intrafamiliar en Jujuy ha generado profunda preocupación en la ciudadanía tras la excarcelación de un individuo acusado de proferir amenazas mortales contra su expareja e hijos. La decisión judicial ha reavivado el debate sobre las deficiencias estructurales del aparato judicial provincial y los organismos encargados de resguardar a las víctimas de maltrato doméstico.
La abogada querellante Paola Salguero denunció en declaraciones a Radio 2 que durante toda la tramitación del expediente existió una ausencia total de contención institucional. Tanto el Centro de Asistencia a la Víctima como el Consejo de la Mujer no brindaron el acompañamiento requerido, obligando a la afectada a costear defensa privada para poder ejercer sus derechos fundamentales y solicitar medidas cautelares de resguardo.
En la audiencia donde se debatió la continuidad de la detención preventiva, la fiscalía a cargo de la investigación respaldó el planteo del defensor del acusado, argumentando que las pesquisas habían concluido y que no existían peligros procesales relevantes. Esta postura se mantiene a pesar de la existencia de registros de audio y correspondencia que documentan amenazas severas dirigidas hacia la víctima y sus descendientes, incluyendo manifestaciones de riesgo suicida del agresor.
Gracias a la intervención de la querella, el magistrado dispuso la colocación de un dispositivo de monitoreo telemétrico con tobillera electrónica y amplió las restricciones de acercamiento hacia los menores. Sin embargo, la letrada advirtió que estas medidas resultan insuficientes para garantizar una protección integral ante la amenaza persistente que representa el liberado.
Salguero señaló que la víctima fue mantenida en total desconocimiento respecto de sus facultades legales, incluyendo la posibilidad de actuar como querellante, aportar evidencia y requerir medidas adicionales de seguridad. Los dictámenes técnicos nunca fueron presentados ni explicados adecuadamente durante las audiencias, limitando significativamente la capacidad defensiva de la afectada.
La profesional advirtió que la inacción institucional y la falta de asesoramiento jurídico oportuno han dejado a la familia en una condición de vulnerabilidad extrema, mientras el acusado permanece en libertad con supervisión limitada. Anunció que continuará solicitando diligencias probatorias complementarias y evaluará la posibilidad de formular una acusación independiente ante la pasividad fiscal.
El caso expone una crisis sistémica en los mecanismos de protección a víctimas de violencia doméstica en la provincia. Especialistas coinciden en la necesidad urgente de fortalecer protocolos de seguridad, garantizar transparencia en decisiones judiciales y asegurar acompañamiento permanente a las personas afectadas, especialmente cuando hay menores involucrados. La situación demanda intervención inmediata de autoridades provinciales para evitar tragedias futuras.
