Un caso de violencia intrafamiliar en Jujuy volvió a poner en evidencia las falencias del sistema judicial provincial. Un sujeto de 46 años, acusado de proferir amenazas letales contra su expareja y sus hijos menores, recuperó la libertad después de permanecer apenas tres semanas en detención. La medida fue dispuesta por el juez Rodolfo Fernández durante el período de feria judicial, generando indignación en la víctima y sus allegados.
La mujer de 43 años relató que vive en constante pánico desde que se enteró de la excarcelación del imputado. Manifestó sentirse completamente abandonada por las instituciones de justicia y expresó su preocupación por la seguridad de sus hijos, uno de los cuales es menor de edad. Actualmente se encuentra en situación de ocultamiento junto a su familia, sin contar con protección policial alguna. La denunciante fue enfática al señalar que responsabiliza personalmente al magistrado si algo grave llegara a sucederle a ella o a sus descendientes.
Los hechos que originaron la denuncia ocurrieron cuando el hombre fue aprehendido el 21 de diciembre en su vivienda ubicada en Lozano, tras una presentación realizada en la Seccional Nº 54 de Yala. Las acusaciones incluyen amenazas explícitas de muerte, con promesas de ejecutar a los menores y luego quitarse la vida. El acusado incluso envió por WhatsApp una fotografía de un arma de fuego, acompañada de mensajes intimidantes que hacían referencia a otros casos similares ocurridos en la provincia.
La víctima cuestionó fuertemente el procedimiento seguido durante su denuncia policial. Aseguró que pasó más de dos horas en la comisaría relatando los detalles de la violencia sufrida, pero que el acta levantada no reflejaba la magnitud de lo que había narrado. Además, señaló que existe una grabación de audio donde el imputado profiere amenazas directas, material que forma parte de la causa pero que aparentemente no fue considerado con el peso que merece.
Otro aspecto problemático es la calificación legal de los cargos. El acusado fue imputado únicamente por lesiones leves, cuando los hechos denunciados deberían haber sido tipificados como amenazas coactivas agravadas por el vínculo familiar y violencia de género. Esta clasificación deficiente podría haber influido en la decisión del magistrado de otorgar la libertad con una simple restricción perimetral de 500 metros.
La única institución que brindó apoyo genuino a la víctima fue el Consejo Provincial de la Mujer, que le ofreció contención emocional y asesoramiento legal tanto a ella como a sus hijos. Sin embargo, la mujer insistió en que la justicia formal la dejó completamente sola frente a una amenaza que considera real e inminente. Concluyó su relato expresando que considera un milagro estar viva en este momento, reflejando la gravedad de la situación que atraviesa.
