Una residente del barrio Paso de Jama, ubicado en la localidad de Palpalá, realizó una denuncia pública en contra de su expareja por mantener una conducta de acoso persistente mediante amenazas de muerte, así como por el incumplimiento sistemático de cinco órdenes de restricción perimetral que fueron dictadas por la autoridad judicial competente.
Natalia Farfán se presentó ante los medios de comunicación, específicamente en el programa radial de Radio 2, para exponer lo que ella considera una negligencia absoluta por parte de los organismos encargados de la administración de justicia y las instituciones de seguridad pública. La mujer manifestó su angustia mediante expresiones que reflejan el nivel de desesperación que experimenta: “Ya no doy más, pido que me ayuden. Esta situación pasó a mayores”.
De acuerdo con el relato proporcionado por la denunciante, los episodios de violencia habrían tenido una duración de quince años durante el período en que ambos mantuvieron una relación de pareja. Tras la separación, la intensidad de estos hechos se habría incrementado considerablemente. En la actualidad, Farfán sostiene que se encuentra en una situación de riesgo extremo, ya que habría recibido múltiples amenazas de muerte dirigidas hacia su persona, su actual compañero —con quien se encuentra en estado de embarazo— y su hija menor de edad, quien presenta una discapacidad. La madre relató con profunda preocupación las palabras amenazantes que habría escuchado: “Me dice que si no me voy, voy a desaparecer y nunca vas a encontrar el cuerpo de tu hija”.
Un aspecto particularmente grave de esta situación radica en el aparente incumplimiento de las medidas de protección que fueron establecidas por los magistrados. Según los dichos de Farfán, el acusado habría violado de manera reiterada un total de cinco órdenes de restricción perimetral. Lejos de que estas medidas hayan generado algún efecto disuasivo, los actos de hostigamiento y violencia verbal continuarían ocurriendo incluso en espacios públicos, particularmente en la plaza ubicada frente a la Seccional Nº 47, que funciona como punto de entrega y restitución de la menor en el contexto del régimen de visitas establecido.
La denunciante enfatizó la gravedad de la situación al señalar que habría presentado cuatro denuncias formales por sospecha de abuso sexual en contra del progenitor de su hija. Farfán expresó su preocupación por los cambios conductuales severos que habría observado en la niña, quien es no verbal, después de cada encuentro con su padre. Según la madre, la causa se encontraría paralizada en la Vocalía 6 del Tribunal de Familia. Farfán denunció además que desde los organismos judicales le habrían comunicado que “no hay psicólogos para niños que no hablan”, y que la gravedad de la situación sería minimizada al no existir evidencia de acceso carnal físico, ignorando otras formas de abuso o tocamientos inapropiados.
La actual pareja de Farfán corroboró el testimonio de la mujer, describiendo al presunto agresor como una persona “muy violenta” que concurriría a los encuentros bajo la influencia del alcohol o sustancias estupefacientes. Este hombre cuestionó severamente el desempeño de los efectivos de la Seccional Nº 47, argumentando que las numerosas denuncias presentadas terminan siendo “encajonadas” sin avance alguno. Asimismo, relató que el personal policial les habría indicado que no pueden proceder a la detención del sujeto a menos que la víctima presente lesiones visibles o signos de golpes.
Tanto Farfán como su actual compañero expresaron sentir un desamparo total por parte de los organismos de protección de la infancia y la magistrada responsable de la causa. Manifestaron que la exposición pública en los medios de comunicación representa su última opción disponible para garantizar la seguridad y la vida de su familia, ante el temor legítimo de que la situación pueda derivar en un desenlace trágico. Esta situación refleja las deficiencias en la respuesta institucional frente a casos de violencia de género en Palpalá y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas y sus hijos.
