El perfil del delincuente en la provincia de Jujuy dista considerablemente de la percepción generalizada que vincula la criminalidad con sectores juveniles o adolescentes. Según revelaciones recientes de las autoridades provinciales, los datos estadísticos internos muestran un panorama sustancialmente diferente al que prevalece en el imaginario colectivo.
El Director General de Seguridad de la provincia, Manuel Vargas, expuso en una entrevista que la mayor preocupación de su cartera no se orienta hacia los menores de edad, sino hacia individuos adultos que se encuentran en plena etapa productiva de sus vidas. Específicamente, Vargas indicó que existe un registro documentado donde se evidencia que los delitos adultos en Jujuy se concentran principalmente en la población comprendida entre los veintisiete y los cuarenta años de edad. “Tenemos registrado que en la mayoría de los casos, y es algo que me preocupa, es el tema de la edad. Esa franja de edad que va desde los 27 a los 40 años, que están como responsables de algunos hechos delictuosos”, precisó el funcionario basándose en los análisis de su dependencia.
Este hallazgo reorienta significativamente el diagnóstico sobre la problemática de la inseguridad en la región. Ya no se trata únicamente de una cuestión vinculada a la contención temprana o a la vulnerabilidad educativa, sino de una población adulta que incurre en conductas delictivas de diversas características. Esta realidad plantea interrogantes profundos respecto de los factores socioeconómicos, laborales y de reincidencia que operan sobre este segmento de la sociedad jujeña.
En cuanto a las estrategias operativas desplegadas en el territorio, Vargas detalló que se vienen coordinando reuniones periódicas con los responsables de las Unidades Regionales 2, ubicada en San Pedro, y la Unidad Regional 4, con asiento en Libertador General San Martín, ambas identificadas como zonas de alta complejidad delictiva. Desde el Ministerio de Seguridad se implementan operativos de saturación bajo la modalidad de “cuadrantes y cuadrículas”, asignando un jefe responsable para cada sector específico. Aunque reconoció que la dotación de personal no es masiva, el funcionario destacó que se ha reforzado el patrullaje preventivo mediante la entrega de vehículos y motocicletas de reciente adquisición en las áreas críticas.
Paralelamente a estas acciones tradicionales, la gestión de seguridad urbana ha incorporado dispositivos tecnológicos innovadores. El tótem de seguridad instalado en la calle Dorrego, en las proximidades de la antigua terminal de ómnibus de la capital provincial, ha arrojado resultados preliminares significativos. Hasta el presente, el centro de monitoreo no ha registrado activaciones por solicitudes de auxilio genuinas ni falsas alarmas mediante el botón de pánico. Además, el equipo no ha sufrido actos de vandalismo, a diferencia de otros dispositivos urbanos como las cámaras de videovigilancia que frecuentemente son objeto de agresiones. Para las autoridades, la ausencia de activaciones no constituye un indicador de ineficacia, sino todo lo contrario: Vargas aseguró que está documentado que se aminoraron los hechos delictivos en ese lugar por la sola presencia del dispositivo informático. Esta experiencia positiva ha motivado al Ministerio a planificar la adquisición de nuevos tótems, considerando la zona de Alto Comedero como próximo destino para su implementación.
Sin embargo, el panorama presenta aristas problemáticas en lo que respecta a la infraestructura carcelaria. Al ser consultado sobre las obras destinadas a desalojar a los internos de las comisarías, Vargas fue directo en su respuesta: fuera de la cárcel de Chalicán, no existen obras concretas en ejecución. “Hay pedidos desde el Servicio Penitenciario para construir o modificar lugares de contención, pero está todo en proyecto”, reconoció el funcionario. Mientras los planes de infraestructura para los detenidos permanecen en estado de proyecto, las comisarías de barrio deben absorber la presión cotidiana de albergar a los nuevos aprehendidos que ingresan a través de las fiscalías, transformando dependencias que deberían ser transitorias en cárceles permanentes por la carencia de espacio en los establecimientos penitenciarios de la provincia.
Vargas también reconoció las limitaciones estructurales a las que se enfrenta la fuerza de seguridad de manera permanente ante la demanda comunitaria. “Tratamos desde las distintas regionales de buscar la manera de concienciar a la sociedad, de buscar colaboración, de trabajar en conjunto, pero a veces no nos damos abasto”, expresó el Director General, evidenciando la brecha entre los recursos disponibles y las necesidades reales de seguridad que demanda la población jujeña. Para más información sobre noticias policiales de Jujuy, consulte nuestras secciones locales.
