El próximo martes 23 de junio a las 14:00 horas, la Cámara de Diputados de la Nación llevará a cabo una sesión especial convocada para analizar seis expedientes que tienen como objetivo la posible remoción del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esta iniciativa representa el primer intento formal de aplicar una moción de censura a Adorni desde que la reforma constitucional de 1994 incorporara este mecanismo al ordenamiento legal. La convocatoria fue firmada por el secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán, impulsada por el diputado Germán Martínez de Unión por la Patria, Esteban Paulón del socialismo y un extenso arco de fuerzas opositoras.
El temario de la sesión especial combina solicitudes de informes verbales respecto de presuntas irregularidades en la utilización de bienes estatales y fondos públicos, junto con proyectos de interpelación orientados al tratamiento de una moción de censura. Este mecanismo, previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, faculta al Congreso para remover al jefe de Gabinete mediante la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. Desde su incorporación en la reforma de 1994, este instrumento nunca había sido aplicado en la práctica legislativa argentina.
La coalición opositora que respalda el pedido reúne aproximadamente 120 diputados, cifra que se encuentra nueve votos por debajo del quórum de 129 necesario para abrir la sesión. Para alcanzar el número requerido, la oposición requiere que al menos una porción de los legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical o Innovación Federal aporten sus votos. Un miembro de la oposición expresó su frustración al reconocer: «Estamos cerca pero por lo menos, por ahora, no está el número. Tenemos que seguir conversando».
El origen de esta crisis política se encuentra en la declaración jurada patrimonial que Adorni presentó ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) y la Oficina Anticorrupción. En este documento, el funcionario incorporó activos que no habían sido reportados en presentaciones anteriores. Entre los bienes declarados figuran USD 300.000 provenientes de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, una vivienda ubicada en el country Golf Club Indio Cuá, préstamos de carácter privado y tenencias en moneda extranjera. El contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia haber recibido USD 245.000 en efectivo por trabajos de refacción en una propiedad de Adorni que incluyeron la construcción de una piscina con cascada.
La contradicción entre las afirmaciones públicas del funcionario y sus posteriores rectificaciones ha intensificado el conflicto político. Durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados del 29 de abril, Adorni sostuvo que sus declaraciones juradas no presentaban irregularidades, afirmando categóricamente: «Nunca existió ocultación alguna». Sin embargo, semanas después admitió en una entrevista televisiva haber acumulado junto a su esposa más de medio millón de dólares en ahorros no declarados durante 2023 y 2024, justificando la situación al expresar que «ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos».
Esta declaración generó reacciones adversas incluso entre los aliados tradicionales del oficialismo. El PRO emitió un comunicado en el que calificó las omisiones de Adorni como «una falta grave» y cuestionó que «un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo». La Unión Cívica Radical, por su parte, afirmó que las declaraciones del jefe de Gabinete resultan «incompatibles con la ejemplaridad» del cargo y que «quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado».
El diputado radical Pablo Juliano, integrante de la bancada Provincias Unidas, presentó uno de los proyectos de moción de censura a Adorni con el respaldo de legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la Izquierda y otros bloques parlamentarios. Entre los firmantes se encuentran Martín Lousteau, Maximiliano Ferraro, Cecilia Moreau y Myriam Bregman. También adhirió el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, perteneciente al espacio que responde al gobernador Martín Llaryora, cuya relación con la Casa Rosada atraviesa un momento de considerable tensión.
Ninguno de los seis proyectos cuenta con dictamen de comisión, por lo que el presidente de la Cámara solicitará que se consigan los dos tercios de los votos para su tratamiento sobre tablas. Esta exigencia resulta actualmente imposible de alcanzar para cualquiera de los sectores, razón por la cual el oficialismo busca trabar el debate mediante esta estrategia. La oposición considera que podrían votar directamente los proyectos y establecer una fecha para la interpelación conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional.
