La sesión convocada por la oposición para interpelar al jefe de Gabinete Manuel Adorni no logró reunir los votos necesarios en la Cámara de Diputados durante la jornada del martes. La interpelación a Adorni fracasó al no alcanzarse el quórum requerido de ciento veintinueve diputados, quedando presente únicamente ciento diecisiete legisladores en el recinto.
El oficialismo libertario implementó una estrategia de negociación con los bloques aliados para evitar que la interpelación a Adorni prosperara en la sesión. El PRO, la Unión Cívica Radical y diversos bloques provinciales decidieron no concurrir al recinto como parte de un acuerdo alcanzado con Martín Menem. Esta maniobra permitió al Gobierno ganar tiempo valioso en medio de las investigaciones que enfrenta el funcionario por irregularidades en su declaración patrimonial.
A pesar de haber logrado evitar la interpelación a Adorni en esta oportunidad, el oficialismo debió hacer concesiones significativas. Los libertarios accedieron a convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales para la próxima semana, donde iniciará el debate sobre la posible interpelación. Sin embargo, aún no se ha oficializado convocatoria alguna para la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que constituye la otra instancia necesaria para tramitar el dictamen correspondiente.
La estrategia del Gobierno permitió ganar aproximadamente dos semanas adicionales. Durante este período, la atención se trasladará hacia el Senado, donde Manuel Adorni ya se ha comprometido a presentarse el dos de julio para exponer su informe de gestión. En esa oportunidad, deberá responder a los cuestionamientos de la oposición respecto de su patrimonio y las irregularidades denunciadas en su declaración de bienes.
Tanto el PRO como la UCR justificaron su ausencia argumentando que el objetivo original de la sesión era emplazar a las comisiones para tratar la interpelación. Dado que el oficialismo habilitó el tratamiento en comisión, sostuvieron que la sesión de martes «dejó de tener sentido». Concurrieron al recinto los diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, radicales disidentes de Provincias Unidas y legisladores cordobeses afines al gobernador Martín Llaryora, además de representantes de bloques minoritarios.
Los legisladores opositores expresaron su rechazo a la maniobra parlamentaria. El radical disidente Pablo Juliano protestó contra la UCR, acusándola de condenar a la Argentina a una crisis institucional. Por su parte, el socialista Esteban Paulón desafió al oficialismo señalando que aunque ganaron algunos días, la sentencia sobre Adorni «ya va a llegar». El diputado libertario Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, argumentó que históricamente el Congreso consideró que el artículo ciento uno de la Constitución no era operativo, por lo cual existen múltiples proyectos para reglamentar su funcionamiento.
