Extranjerización de tierras: los límites que imponen los países de la región

La venta de campos a capitales extranjeros es un tema de debate en Argentina. Un repaso por las regulaciones de otros países muestra distintos enfoques para abordar la extranjerización de tierras.

Brasil cuenta con una ley vigente desde 1971 que establece topes: la superficie rural en manos de foráneos no puede exceder el 25% del total de un municipio, y el 10% como máximo para propietarios de una misma nacionalidad. En abril de 2026, el Tribunal Superior confirmó que la norma también alcanza a empresas brasileñas con control mayoritario de capital externo. A pesar de esto, datos oficiales de 2020 mostraban casi 4 millones de hectáreas en manos extranjeras, mientras que un estudio de 2024 detectó más de 9 millones bajo control foráneo, señalando que los inversores evaden las restricciones mediante asociaciones con capitales locales.

Uruguay no fija cupos para compradores extranjeros, pero su Ley 19.283 impide la adquisición de tierras por parte de estados foráneos. El Instituto Nacional de Colonización, creado por la Ley 11.029 de 1948, tiene un derecho de preferencia: los propietarios de campos de 500 hectáreas o más deben ofrecerlos primero al Estado, que puede comprarlos en las mismas condiciones. Además, la Ley 18.092 de 2007 exige que los dueños de tierras rurales sean identificables, aunque se habilitaron excepciones que permitieron a las sociedades anónimas controlar más del 40% de la superficie agropecuaria entre 2007 y 2020, unas 7 millones de hectáreas.

Chile no establece un cupo general, pero el Decreto Ley 1.939 de 1977 prohíbe a extranjeros de países limítrofes (Argentina, Bolivia y Perú) y a empresas con al menos 40% de capital de esas nacionalidades comprar tierras en zonas fronterizas. También restringe la venta de terrenos fiscales cercanos a costas o fronteras a ciudadanos chilenos. La Ley 19.253, por su parte, impide la transferencia de tierras indígenas a personas de otras etnias.

Bolivia, Perú y Paraguay limitan la compra de tierras en sus fronteras: Bolivia hasta 50 kilómetros, según su Constitución; Perú con una restricción similar; y Paraguay a través de la Ley 2.532 de 2005. En Paraguay, el censo de 2008 registró unas 8 millones de hectáreas en manos extranjeras, principalmente de brasileños, pero esa cifra se redujo a la mitad para 2022, según una investigación que atribuye el cambio al uso de sociedades anónimas o a la transferencia de parcelas a hijos nacidos en el país.

En Estados Unidos, los extranjeros poseían 18 millones de hectáreas agrícolas en 2023, el 2% de la superficie rural. El gobierno de Donald Trump impulsa un plan para prohibir compras agrícolas a gobiernos o entidades de países considerados adversarios, como China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Estados como Iowa, Missouri, Kansas, Minnesota y Nebraska ya tenían topes, y ahora Florida, Texas y Alabama sumaron restricciones.

Julio Burdman, profesor de Geopolítica de la Universidad de Buenos Aires, opinó que fijar un tope no es relevante: no es lo mismo un millón de hectáreas en Santa Cruz que en la cordillera minera. Considera que la ley de tierras quedó vieja y que los temas estratégicos, como la minería de tierras raras y el cobre, requieren otra discusión. Sabrina Villegas Guzmán, doctora en Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, sostuvo que el sistema de tenencia de la tierra está ligado al modelo económico-productivo y que los marcos normativos actuales responden a los intereses de los grandes capitales.