Caso Yamila Chávez: denuncian inconsistencias en la historia clínica y piden investigar violencia obstétrica
La familia de Yamila Chávez denuncia inconsistencias en la historia clínica y pide investigar el caso como violencia obstétrica antes del cierre de la IPP.
La investigación por la muerte de Yamila Chávez, la joven de 27 años que falleció en la Maternidad Josefina Scaro del Hospital Carlos Snopek, ubicado en Alto Comedero, vivió una nueva jornada de alta tensión judicial y social. En el marco de una movilización impulsada por sus familiares y por organizaciones sociales, Mariela Suárez, tía de la víctima, ratificó las denuncias por irregularidades en la documentación y pidió que la causa sea caratulada y tramitada formalmente como violencia obstétrica e institucional con perspectiva de género.
El planteo adquiere carácter urgente por los tiempos del proceso: a la querella le quedan solo 20 días hábiles antes del cierre de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), período en el que buscan incorporar testimonios y peritajes considerados clave.
Contradicciones entre el video del quirófano y la historia clínica
Uno de los puntos más firmes que expone la querella es el peritaje audiovisual del quirófano, material al que la familia accedió hace poco después de que estuviera secuestrado por la Justicia.
De acuerdo con lo manifestado por Mariela Suárez, las imágenes desmienten lo que figura en los registros oficiales:
“Pudimos acceder al video secuestrado del quirófano donde se ve claramente que lo asentado en la historia clínica no coincide en nada con los horarios ni con los procedimientos registrados en la filmación.”
A esas diferencias de horario se suman supuestas adulteraciones materiales dentro del legajo de la paciente:
- Procedimientos no constatados: asientos médicos que describen maniobras quirúrgicas que no se corresponden con el examen corporal de la víctima.
- Estudios médicos ajenos: la incorporación al expediente de Yamila de un electrocardiograma que pertenece a un paciente de sexo masculino.
Frente a este escenario, la familia reclama que se fije de manera inmediata la fecha de la junta médica interdisciplinaria, instancia indispensable para resolver las diferencias técnicas entre la autopsia y la atención clínica recibida.
El pedido de imputación amplia: “Hay una cadena de responsabilidades”
Por ahora, la causa tiene dos profesionales de la salud imputados: un médico del área obstétrica y de maternidad, y una profesional de guardia médica. Sin embargo, los allegados sostienen que las omisiones alcanzan a un espectro institucional mucho más amplio.
“No son solo ellos dos; vemos una cadena completa de responsabilidades institucionales. Desde el ingreso por guardia hasta la derivación tardía”, subrayó la vocera familiar.
Del mismo modo, generó malestar en la querella la situación laboral de los profesionales involucrados, quienes después de cumplir un período de suspensión administrativa dispuesto por el Ministerio de Salud provincial habrían quedado bajo régimen de licencia especial mientras se define su continuidad en el sistema sanitario.
Presentación de escrito autónomo: violencia obstétrica y Ley Micaela
Con carteles que llevaban lemas como “Investigar una muerte materna no es un favor, es una obligación del Estado” y referencias al fallo internacional Brítez Arce, la querella presentó un escrito autónomo ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El documento pide la aplicación transversal de:
- Perspectiva de género en la instrucción penal.
- Ley 26.485 (Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres).
- Convención de Belém do Pará.
- Ley Micaela (Ley 27.499), que obliga a la capacitación continua de funcionarios públicos y efectores sanitarios.
La familia denunció que el cuadro inicial de abdomen agudo por embarazo ectópico —que derivó en un shock hipovolémico fatal tras horas de espera— fue inicialmente subestimado o desviado hacia interconsultas incompatibles con la urgencia del caso, lo que constituiría una presunta manifestación de violencia de género institucional y médica.
Cuenta regresiva para la Investigación Penal Preparatoria
Con el plazo perentorio de la etapa preparatoria encima, la querella insistió en que la Fiscalía habilite de inmediato:
- La toma de declaración testimonial a dos testigos clave que presenciaron las maniobras médicas dentro del quirófano.
- La admisibilidad de las nuevas pruebas documentales aportadas por las abogadas patrocinantes.
- El esclarecimiento formal de las inconsistencias en los asientos de enfermería y guardia.
“No queremos que se cierre la IPP en la nada sin que estas pruebas se investiguen a fondo. Son elementos fundamentales para llegar a la verdad”, concluyó Suárez.
