Ley Penal Juvenil en Jujuy: nueve adolescentes denunciados y un solo imputado en el primer mes

A un mes de la puesta en marcha del nuevo régimen de la Ley Penal Juvenil en Jujuy, el procurador general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandro Bossatti, dio a conocer las primeras cifras: nueve adolescentes fueron denunciados dentro de la franja etaria que abarca la normativa, y únicamente uno de ellos quedó imputado.

El funcionario brindó estos datos durante una entrevista en Política a las Brasas, donde detalló de qué manera se preparó el sistema judicial de la provincia para aplicar la legislación y cuáles son los retos que aún quedan por delante. En el mismo espacio participó la defensora general, María Gabriela Burgos, quien puso el foco en la necesidad de adecuar la normativa a las realidades del interior del país.

Bossatti señaló que el MPA ya disponía de fiscales especializados para intervenir en causas con menores de edad y que, previo a la entrada en vigencia de la ley, hubo reuniones entre los distintos organismos judiciales.

Respecto de los primeros números, indicó que durante el mes inicial de implementación se contabilizaron nueve adolescentes denunciados y un imputado. “Son nueve los que han sido denunciados, hay uno solo imputado”, afirmó el procurador, para quien estas cifras no reflejan un incremento relevante de casos. También subrayó que el sistema deberá seguir ajustándose a las exigencias de la norma y que podrían introducirse cambios conforme avance su aplicación.

Otro de los temas tratados fue el procedimiento que corresponde cuando un adolescente es aprehendido en una localidad distante de San Salvador de Jujuy, donde no siempre hay espacios específicos para alojarlo.

Según explicó Bossatti, la Secretaría de Seguridad trabaja en la capacitación del personal policial para actuar en estas circunstancias. De acuerdo con la gravedad del hecho, se analizará el traslado a establecimientos adecuados o la aplicación de medidas alternativas. “Depende de la gravedad del hecho del que estemos hablando, se solucionará con medidas preventivas alternativas de la custodia con los padres, en su caso, o familiares”, manifestó.

El funcionario agregó que se avanza en el acondicionamiento de la Unidad 5 para adaptar sus instalaciones a lo que exige la nueva legislación. Al mismo tiempo, se trabaja en espacios de acogida junto al Ministerio de Seguridad.

Por su lado, la defensora general María Gabriela Burgos consideró que la reforma del régimen penal juvenil resultaba necesaria, sobre todo porque la ley anterior provenía de la última dictadura militar y debía alinearse con los estándares actuales de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pese a ello, manifestó reparos sobre cómo se implementa en las distintas jurisdicciones del país.

“Creo que se basó en una estructura o en una realidad que no es la realidad del interior, o no es la realidad de las provincias del interior, no es la realidad nuestra”, expresó. Burgos recordó que Jujuy ya contaba con instituciones y procedimientos previstos en su legislación provincial, de modo que la puesta en marcha del nuevo régimen no partió de cero.

No obstante, admitió que sumar a adolescentes que antes no eran punibles implica un desafío para el sistema judicial, tanto en infraestructura como en recursos y organización.

Así, las autoridades coincidieron en que la aplicación del nuevo régimen penal juvenil exige continuar con la capacitación, la adecuación de los establecimientos y la coordinación entre los organismos judiciales y de seguridad.