Caputo confirmó la suspensión de embargos a las pymes y anunció cuatro medidas

Durante la Conferencia Industrial de la UIA, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un paquete de cuatro medidas destinadas a las pequeñas y medianas empresas. Entre los anuncios, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que ARCA dejará de lado los embargos a las pymes hasta mayo de 2027, con la idea de que esas firmas cuenten con más tiempo para poner en orden sus cuentas. Además, anticipó que llevará a los gobernadores una propuesta para suprimir el impuesto a los sellos.

“Entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no se va a solucionar en un mes o dos”, sostuvo Caputo ante los empresarios industriales.

El resto de las iniciativas anunciadas incluye la extensión de los planes para regularizar pagos atrasados con ARCA, la posibilidad de que las compañías utilicen saldos tributarios a favor para cancelar pasivos y el impulso de nuevas líneas de crédito desde el Banco Nación.

Uno de cada siete casos

El escenario que atraviesan las pequeñas y medianas industrias en materia financiera es complejo. De acuerdo con un relevamiento de la Fundación Observatorio PyME, una de cada siete industrias pymes fue embargada por ARCA. En la mayoría de las situaciones, las notificaciones se recibieron en los 30 días siguientes al vencimiento de las obligaciones tributarias.

El informe señaló que el atraso en el pago de obligaciones corrientes —como el IVA, el impuesto a las Ganancias y los aportes a la seguridad social— fue el motivo principal de esos embargos. A eso se sumó la caída de planes de facilidades de pago, lo que evidencia las dificultades de las empresas para sostener sus compromisos fiscales al día.

Plazos de cobro más largos

Según el Observatorio Pyme, la situación se complica además por la extensión de los plazos de cobro a los clientes, que golpea a la mitad de las industrias pymes. El informe indicó que el plazo promedio de cobro llegó a 49 días, diez más que en 2025. Esa demora presiona sobre el capital de trabajo de las firmas, que deben responder a sus obligaciones impositivas, salariales y comerciales mientras aguardan el pago de sus ventas.

Los detalles de las medidas

En segundo lugar, Caputo comunicó la ampliación del plan de facilidades de pago de deudas tributarias en 18 cuotas. El esquema contemplaba hasta ahora obligaciones vencidas hasta el 30 de junio y pasará a incluir las deudas con vencimiento hasta el 31 de octubre. El objetivo, según el ministro, es darles a las empresas “más holgura financiera”, en un contexto donde el alto costo del financiamiento sigue siendo uno de los principales inconvenientes para las pymes.

La tercera iniciativa permite que las pymes apliquen el 100% de sus créditos por reintegros de exportación o IVA vinculado a exportaciones al pago de deudas aduaneras. “Es ridículo que se esté debiendo plata al mismo tiempo que se les cobra”, afirmó Caputo, quien consideró que la medida es un primer paso hacia una especie de cuenta corriente única aduanera entre el Estado y las empresas.

La cuarta medida apunta específicamente a la industria automotriz, con nuevas líneas de crédito del Banco Nación. El ministro anticipó que la entidad ofrecerá financiamiento para el sector con plazos de tres, cuatro o cinco años y tasas fijas cercanas al 20% anual.

“No hay ningún plan platita. Esto es solo tratar de darle una solución en la coyuntura a un problema heredado y que va a llevar tiempo solucionar, que es el del costo financiero”, manifestó.

Impuesto a los sellos

El responsable del Palacio de Hacienda adelantó que buscará un acuerdo con los gobernadores para eliminar el impuesto a los Sellos, un tributo provincial que consideró muy distorsivo para la actividad económica. De acuerdo con sus estimaciones, ese impuesto recauda entre $4 billones y $5 billones por año, lo que equivale a cerca de entre 0,4% y 0,5% del PBI.

La propuesta del Gobierno prevé que, para las provincias que adhieran a regímenes como el RIGI, la Nación compense la mitad de lo que hoy recaudan por Sellos, a cambio de que las jurisdicciones resignen la otra mitad y eliminen el tributo.