La Corte Suprema resolvió tres causas que involucran a la AFA
La Corte Suprema y AFA: el máximo tribunal definió que dos causas penales sigan en la Justicia porteña y que la IGJ mantenga la fiscalización del fútbol
Este jueves, el máximo tribunal del país adoptó una serie de resoluciones en tres expedientes que tienen como protagonista a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los fallos llevan las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
Dos de esas decisiones se refieren a investigaciones penales por presuntas irregularidades en los balances de la entidad, mientras que la restante atañe al organismo encargado de fiscalizarla.
Las causas penales seguirán en la Justicia porteña
Uno de los expedientes se originó en una denuncia de Guillermo Tofoni dirigida contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros dirigentes. El objeto de la pesquisa es una presunta omisión de ingresos en los balances de la asociación.
De acuerdo con lo denunciado, se trataría de unos USD 300 millones provenientes del contrato suscripto con Tourprodenter LLC en calidad de agente comercial exclusivo de la AFA.
Entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11 y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°8 se había planteado un conflicto de competencia. El tribunal superior definió que la investigación prosiga en el fuero nacional ordinario de la Ciudad de Buenos Aires.
El otro expediente también alcanza a autoridades de la AFA y examina un supuesto desvío de esos ingresos a través de transferencias que, según la denuncia, carecerían de justificación. Aquí también se discutió qué juzgado debía intervenir, después de que el Juzgado Federal de Campana pidiera la causa por una posible vinculación con otra investigación. La Corte anuló esa intervención y ordenó que el expediente vuelva al fuero ordinario porteño.
La IGJ conserva sus facultades de control
La tercera resolución concierne a la Inspección General de Justicia (IGJ). El máximo tribunal revocó un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y concluyó que el organismo conserva sus atribuciones para fiscalizar a la AFA.
El origen del conflicto fue la reforma del estatuto de la asociación y su propósito de mudar el domicilio legal desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires.
La IGJ había denegado la cancelación de la inscripción de la AFA en su registro, pero la Cámara Civil anuló luego esa decisión y el caso arribó a la Corte Suprema.
Para poder concretar el cambio de domicilio, según estableció el tribunal, antes debe completarse la cancelación registral ante el organismo que hoy controla a la entidad. Mientras ese trámite no finalice, la AFA seguirá bajo la fiscalización de la IGJ.





