Investigan a funcionarios de San Pedro por la presunta doble venta de un inmueble

La Justicia de Jujuy pone bajo la lupa la actuación de funcionarios de la Municipalidad de San Pedro en un caso que involucra la presunta doble venta de un inmueble de carácter fiscal. Tanto la Suprema Corte de Justicia provincial como el Ministerio Público de la Acusación evalúan una serie de presentaciones judiciales relacionadas con este entramado administrativo, que derivó en el desalojo de una familia con medio siglo de residencia continua en el lugar.

El conflicto se originó en agosto de 1972, cuando la comuna sampedreña suscribió un contrato de compraventa sobre un lote ubicado en la manzana 134 del barrio Providencia, a favor de Juan de la Cruz Pizarro. Después del fallecimiento del comprador original, sus familiares y descendientes conservaron la posesión ininterrumpida del terreno, introdujeron mejoras y cumplieron con el pago de tributos durante décadas.

No obstante, el 27 de diciembre de 2022, con la intervención de autoridades y funcionarios de la gestión municipal, se emitió la Escritura Pública N° 46 a nombre de una nueva adquirente. Lo llamativo del instrumento es que hace referencia expresa al expediente de 1972, pero en las actuaciones no figura ningún acto administrativo formal que revoque o declare la caducidad del derecho concedido cincuenta años antes.

Con el nuevo título registral, la compradora posterior inició un juicio de desalojo ante el Juzgado Civil y Comercial N° 8 de San Pedro. En un contexto socioeconómico crítico y atravesando un duelo familiar reciente, el ocupante del inmueble no pudo articular una defensa particular dentro del plazo correspondiente. El proceso concluyó el 5 de marzo de 2026 con una sentencia que dispuso el lanzamiento por la fuerza pública, medida que se ejecutó y dejó el inmueble completamente desocupado en la actualidad.

Ante ese desenlace, la representación técnica de la familia afectada presentó una Acción Autónoma de Revisión de Cosa Juzgada por Nulidad Írrita ante el máximo tribunal provincial. El planteo pretende revisar la firmeza del desalojo con el argumento de que el fallo habría derivado de una presunta maniobra fraudulenta de origen. En forma paralela, se tramita la denuncia penal para delimitar las responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en la segunda enajenación. Mientras la Justicia analiza el pedido de restitución provisoria del inmueble y medidas cautelares para proteger al grupo familiar, el caso abre un debate profundo sobre el control de legalidad y los límites de la cosa juzgada.

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