Matías Yebara declaró antes del juicio por el Juzgado Contravencional y apuntó a ex funcionarios

El próximo 12 de noviembre comenzará el debate oral y público por la causa del Juzgado Contravencional N° 1. La Oficina de Gestión Judicial fijó esa fecha para el tribunal que preside la jueza María del Rosario Hinojo, acompañada por los vocales Felicia Barrios y Mario Puig.

El nombre central de la investigación es Matías Yebara, quien purga una condena de prisión efectiva por hechos previos de estafas y extorsión. En este expediente, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Diego Funes, lo acusa como supuesto jefe de una asociación ilícita, fraude a la administración pública y lavado de activos. La hipótesis fiscal sostiene que los involucrados se valían de la estructura del organismo contravencional para cobrar multas con sellos falsos, derivar dinero a cuentas personales y hacer desaparecer expedientes.

Antes del inicio de las audiencias, y desde su lugar de detención en el Servicio Penitenciario de la Provincia, Yebara habló y rechazó el rol que le asigna la acusación. “Me acusan a mí y me cambiaron la imputación de miembro a jefe de la asociación ilícita. ¿Cómo voy a ser el jefe de una asociación donde se involucra una institución del gobierno, si yo nunca pertenecí a esa institución ni fui funcionario del Juzgado Contravencional?”, planteó.

También argumentó que no contaba con facultades para ejecutar esas maniobras: “Yo no tenía firma para pasar un expediente al archivo ni para bajar un expediente del sistema Sinat de seguridad vial. Para devolver un carnet o liberar una moto hacían falta decretos firmados por el juez contravencional y con anuencia del Ministerio de Seguridad”.

En sus declaraciones, el imputado intentó desplazar su responsabilidad individual hacia la conducción del organismo y hacia ex ministros y funcionarios de gestiones anteriores. Según su relato, la dependencia operaba como un ente de recaudación paralelo, con donaciones, remates de vehículos y liberación de inhabilitaciones cuyos fondos no ingresaban a las cuentas oficiales de la Dirección General de Administración (DGA). “Los remates de motos y de animales los hacían las altas autoridades del Ministerio de Seguridad y del Juzgado Contravencional. La ex ministra de Ambiente también tomó al juzgado como un ente recaudador para que la plata nunca ingrese a las arcas del Estado”, afirmó, y sostuvo que había circuitos en los que expedientes enviados a la Fiscalía de Estado volvían para cobros informales en la dependencia.

Asimismo, aseguró que en 2014 declaró como testigo arrepentido ante autoridades del Ministerio Público de la Acusación, entre ellas el fiscal general Sergio Lello Sánchez y los fiscales Funes y Serrano Antar. Según su versión, los beneficios procesales prometidos no se concretaron y sus denuncias quedaron archivadas. “Yo denuncié todas estas cuestiones con números de expediente y fotos. A los tres días de haber denunciado, me notificaron en el Servicio Penitenciario que los expedientes pasaban al archivo sin investigar. Están haciendo un encubrimiento institucional para proteger a los de arriba”, manifestó, y mencionó que un ex imputado de la causa integra hoy el Consejo de la Magistratura.

De cara al debate, la defensa sostuvo que atraviesa un “estado de indefensión absoluta” porque no recibió pruebas que el juez Rodolfo Fernández habría otorgado formalmente hace dos años, entre ellas filmaciones de declaraciones clave, lo que a su criterio vuelve nulo el proceso.

Por último, Yebara responsabilizó a las autoridades penitenciarias, al Ministerio de Seguridad y al Ejecutivo por su integridad física y la de su familia. Denunció represalias por querer contactar a la prensa: “Cada vez que quiero usar el teléfono oficial me sancionan, me ponen celadores al lado y violentan mis derechos de la Ley 24.660. La otra vez me tuvieron 24 horas incomunicado en un sector sin cámaras de seguridad, sufriendo vejaciones y torturas para que no hable”, concluyó, y agregó que su entorno sufrió robos, incendios intencionales y hostigamientos.

Mientras tanto, en ámbitos judiciales sostienen que la prueba reunida por la fiscalía contra la banda imputada es contundente. En paralelo al juicio, sigue abierta la investigación conexa contra el ex juez contravencional José Matías Ustárez Carrillo, quien renunció a su cargo acorralado por la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y presunto desvío de fondos.