Policías detenidos en Alto Comedero: la defensa apelará la prisión preventiva

La defensa técnica de los efectivos policiales imputados por supuestas agresiones y vejaciones contra tres jóvenes durante un operativo en el barrio Alto Comedero anticipó que impugnará la prisión preventiva de 10 días dispuesta por la Justicia. José Contreras, abogado de dos de los cuatro uniformados privados de su libertad, sostuvo que la detención es “ilegal e injusta” y afirmó que el personal cumplió órdenes jerárquicas y respetó el uso proporcional de la fuerza pública frente a una agresión física previa.

La causa, instruida por el fiscal Diego Funes, tuvo su audiencia de conocimiento de causa e imputación el sábado por la mañana. En esa instancia, los cuatro uniformados quedaron formalmente imputados bajo la carátula de vejaciones y lesiones leves.

El equipo defensor pidió la libertad inmediata de los efectivos o, en forma subsidiaria, la prisión domiciliaria. El magistrado interviniente rechazó ambas solicitudes y ordenó 10 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación preliminar. Contreras anunció que recurrirá la medida ante los tribunales de alzada, al entender que no hay riesgos procesales ni elementos objetivos que justifiquen el encarcelamiento del personal policial.

Según el relato del letrado, la intervención de los efectivos surgió de una orden directa de sus superiores para patrullar el sector de la pasarela y las inmediaciones de la cancha de rugby, una zona donde los vecinos denuncian robos y hechos de inseguridad reiterados.

En ese contexto, los agentes detectaron el desplazamiento sospechoso de una motocicleta con tres personas a bordo (dos de ellas menores de edad) y sin la documentación del rodado visible en ese momento. De acuerdo con la versión defensiva, al indicarles que detuvieran la marcha y descendieran para la requisa habitual, los ocupantes —al menos dos presuntamente bajo los efectos del alcohol— hicieron caso omiso y se fugaron a alta velocidad.

Tras una persecución, los ocupantes fueron alcanzados e interceptados en la intersección de avenida Farías y Undiano. Al momento de la aprehensión, los jóvenes habrían respondido con golpes de puño, patadas y amenazas contra los agentes. Ante la resistencia violenta, los policías aplicaron técnicas de reducción física para neutralizarlos y esposarlos. Durante la maniobra, uno de los sospechosos intentó escapar nuevamente arrojando golpes al personal interviniente.

Uno de los puntos centrales de la controversia judicial radica en las lesiones leves que constataron los médicos forenses en uno de los demorados, puntualmente un traumatismo en la zona ocular. Contreras argumentó que la defensa recién tomó conocimiento de la imputación por lesiones en la propia audiencia y adelantó que impugnará dicha acusación.

Asimismo, el abogado cuestionó el criterio de imputar penalmente a los efectivos tras reducir a sujetos hostiles: “¿Cómo se detiene a tres personas violentas si no es con el uso de la fuerza pública y siguiendo todos los protocolos vigentes? El Estado tiene el monopolio de la fuerza. Ya vimos antecedentes trágicos como lo ocurrido con el oficial Soto en las inmediaciones del patinódromo, donde la fuga de un menor terminó con la vida de un policía. Mis representados actuaron conforme a derecho para evitar un mal mayor”.

Mientras los tres jóvenes demorados durante el procedimiento recuperaron la libertad a las pocas horas tras acreditarse la titularidad de la motocicleta, los cuatro agentes policiales continúan alojados en sede de detención bajo el régimen de prisión preventiva.

El equipo legal encabezado por Contreras formalizará en las próximas horas el recurso de apelación contra la medida de coerción dictada por el fiscal Diego Funes, insistiendo en que el accionar se ajustó a los protocolos de seguridad ciudadana y reclamando el cese inmediato del arresto preventivo. Más información sobre este caso y otros hechos de la región en la sección de noticias policiales.