Agentes de seguridad retirados que asistieron a las conversaciones en la sede gubernamental expresaron su descontento respecto a cómo se está llevando adelante el proceso de reclamo salarial. Los uniformados sostienen que existen obstáculos innecesarios que ralentizan las definiciones sobre el aumento salarial policías que demandan.
Jorge Arrementería, uniformado en retiro originario de San Pedro de Jujuy, brindó declaraciones a una emisora local y relató su experiencia en el encuentro realizado en Casa de Gobierno, donde participaron el secretario de Trabajo, funcionarios del área de Seguridad y el máximo jefe de la institución policial. Sin embargo, aclaró que la delegación no fue recibida por la máxima autoridad de la cartera de Seguridad provincial.
Conforme a lo expresado por Arrementería, la demanda principal del colectivo policial apunta a una recomposición salarial equitativa que beneficie a la totalidad del personal, junto con el fortalecimiento del salario base y una revisión de los bonos que actualmente reciben determinados sectores. “Concordamos en que se otorgue el código de riesgo a los grupos especializados como sucede en jurisdicciones vecinas, pero el objetivo es que todos mejoren sus ingresos y que una porción significativa se destine al básico”, manifestó el retirado.
El planteo que se discute en la comisión constituida tras el encuentro contempla un aumento salarial policías próximo al 50%, con una asignación de entre 10% y 15% dirigida específicamente al salario base. Asimismo, los uniformados expresaron su inconformidad por los incrementos otorgados únicamente a personal de jerarquía superior, mientras que quienes cumplen tareas operativas mantienen sus remuneraciones sin cambios. “Se ha beneficiado a autoridades, empleados de dependencias gubernamentales y legisladores, pero quienes trabajan en la calle son los que enfrentan los riesgos diarios”, señaló.
Arrementería también cuestionó la solicitud gubernamental de presentar comparativas salariales entre distintas jerarquías, considerándola una estrategia dilatoria. “Nos piden que elaboremos tablas mostrando qué percibe un comisario general versus un suboficial mayor, pero el Ejecutivo ya posee esa información. Manejan Hacienda y conocen perfectamente los números”, expresó con crítica hacia el procedimiento.
El uniformado retirado enfatizó que la prolongación en la toma de decisiones incrementa la tensión dentro de la corporación. “Si existiera voluntad política, en una jornada podrían reunirse, evaluar el presupuesto disponible y presentar una propuesta concreta. No comprendemos por qué extender esto hasta mediados de marzo”, cuestionó. Tras la reunión, se conformó una comisión integrada por representantes de distintas localidades, mayormente personal en retiro, encargada de estructurar el documento con las escalas salariales que el gobierno solicitó. Para más información sobre noticias policiales de Jujuy, continúa visitando nuestro sitio.
