Caso del comerciante tucumano: revocan la prisión domiciliaria de un imputado

El Tribunal de Revisión aceptó por unanimidad el recurso presentado por el Ministerio Público de la Acusación, al cual se sumó el Centro de Asistencia a la Víctima, y dejó sin efecto el arresto domiciliario que regía para uno de los acusados en la causa por el homicidio del comerciante tucumano.

La instancia de revisión se desarrolló el martes 18 de agosto de 2026 de manera virtual, con la participación de los jueces Gisela Rita Macina, Vicente Ignacio Apaza y María Gracia Cardone. El fiscal Luis Marcelo De Aparici, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 9 de El Carmen–Perico, representó al MPA, mientras que el Dr. Nicolás Flores encabezó la querella por el Centro de Asistencia a la Víctima.

En la audiencia, el fiscal fundamentó la impugnación contra la decisión que había otorgado el beneficio a Eduardo Ariel Jurado y pidió que se revocara. El Centro de Asistencia a la Víctima adhirió al pedido y solicitó el traslado inmediato del imputado a una cárcel.

Tras deliberar, los magistrados hicieron lugar a la impugnación y a la adhesión, anulando el punto de la resolución del 14 de julio de 2026, firmada por la jueza de Control, Dra. María del Rosario Hinojo, que había concedido la prisión domiciliaria. De esta forma, se ordenó que, una vez firme el fallo, Jurado sea alojado en el establecimiento penitenciario correspondiente.

El Tribunal argumentó que la prisión domiciliaria es una medida de carácter excepcional y que, en esta causa, no se acreditaron las circunstancias de vulnerabilidad familiar que se habían invocado para justificarla. También se tuvo en cuenta que la propia resolución cuestionada mencionaba una conducta del imputado que podría entorpecer la investigación.

El caso investiga el homicidio de un comerciante oriundo de Tucumán, hallado sin vida dentro de su vehículo en la zona de Los Lapachos. La pesquisa sigue en curso con diversas medidas probatorias para esclarecer el hecho y definir el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados.