Caso Fernando Báez Sosa: la Corte rechazó otro planteo de los rugbiers condenados

El máximo tribunal del país volvió a fallar en contra de los condenados por el caso Fernando Báez Sosa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la presentación que siete de los ocho rugbiers condenados habían impulsado contra la fiscal a cargo de la investigación del homicidio y contra otros funcionarios judiciales, a quienes les imputaban supuestas irregularidades en las primeras horas del expediente por el crimen ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell.

El fallo llevó las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los jueces del máximo tribunal entendieron que el recurso no reunía los requisitos de fundamentación exigidos, dado que no contenía argumentos autónomos ni lograba rebatir de manera adecuada los fundamentos de la resolución que se pretendía apelar.

El abogado Hugo Tomei, en su rol de defensor de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro y Lucas Pertossi, había sido quien motorizó la presentación.

En la denuncia, los siete acusados afirmaron que durante las indagatorias realizadas poco después del crimen no habían recibido información clara ni suficiente acerca de los hechos que se les atribuían ni sobre los elementos probatorios que existían en su contra.

La defensa además cuestionó el modo en que se confeccionaron y suscribieron las actas de esas indagatorias. Sostuvo, en ese sentido, que las actuaciones posteriores al asesinato no habían respetado las garantías procesales previstas en el Código Procesal Penal bonaerense.

Esos cuestionamientos formaron parte de la estrategia defensiva de los rugbiers en el expediente principal por el homicidio. Sin embargo, Hugo Tomei optó por impulsar una acción por separado y promovió una denuncia penal en la que señaló la posible comisión de tres delitos: falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.

La denuncia involucró a varios funcionarios judiciales que intervinieron en las primeras etapas de la causa. Entre ellos figuraban la fiscal Verónica Zamboni, responsable de investigar el homicidio; la defensora oficial Verónica Olindi Huespi; integrantes del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli, quien había dispuesto la prisión preventiva de los rugbiers.

El expediente avanzó por una vía judicial propia y tuvo un paso relevante en febrero de 2022. En ese momento, la Cámara de Apelaciones de Dolores resolvió admitir a los siete rugbiers como particulares damnificados, una figura que les permitió intervenir formalmente en la causa iniciada a partir de la denuncia presentada por su defensa.

Pese a ese avance inicial, la investigación no prosperó y la denuncia terminó siendo desestimada por falta de dolo. La resolución también rechazó el pedido para que los rugbiers declararan como víctimas en el expediente, así como otras medidas probatorias que había solicitado su abogado defensor.

Ante el rechazo de la denuncia, Hugo Tomei recurrió al superior del fiscal para pedir una revisión de lo resuelto. Para ello, utilizó el procedimiento establecido en el artículo 290 del Código Procesal Penal bonaerense. No obstante, la instancia de revisión confirmó la decisión y mantuvo el criterio adoptado previamente.

La Justicia rechazó los dos planteos impulsados por la defensa: la recusación del magistrado y el cuestionamiento de constitucionalidad. La decisión luego fue ratificada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense, que confirmó lo resuelto previamente.

La decisión no afecta las condenas por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ya que no se trata de una revisión de las sentencias dictadas en la causa principal.