Caso Lautaro Flores: prorrogan la domiciliaria a la imputada y su familia vuelve a marchar

La Justicia decidió extender por otros 30 días la prisión domiciliaria de la única acusada por el asesinato de Lautaro “Tupakerito” Flores, el joven simpatizante de Gimnasia que murió tras recibir una puñalada en el corazón. Ante esa determinación, parientes y amigos del muchacho se reunieron en la Plaza Belgrano y marcharon rumbo a la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y a la Casa de Gobierno.

Jorgelina Soto, madre de la víctima, manifestó su enojo por la resolución que deja a la imputada, M. R. (25), en su casa del barrio Alto Comedero. “Nos notificaron que va a seguir 30 días más en prisión domiciliaria. No lo veo justo, ella no robó, mató a mi hijo y tendría que estar esperando el juicio en un servicio penitenciario”, declaró. La mujer también remarcó que la acusada sigue cumpliendo el beneficio sin tobillera electrónica ni custodia policial, y aseguró que las movilizaciones continuarán: “Si es necesario encadenarme, lo voy a hacer. No voy a parar hasta que vuelva adonde tiene que estar”.

Por el lado de la querella, el abogado Ezequiel Martínez brindó detalles sobre la situación procesal del expediente después de que se rechazara la impugnación presentada por la familia. Según explicó el letrado, tanto el otorgamiento como la extensión de la medida se apoyan sobre todo en la inactividad procesal de la Fiscalía, que en su momento había pedido la detención para llevar adelante diligencias como la rueda de reconocimiento de personas, pero no las concretó dentro de los plazos previstos.

“Se fundamentó en la falta de avance de las medidas que la propia Fiscalía pidió. Si bien entendemos esa lógica, no se meritaron los peligros procesales evidentes: la acusada estuvo una semana prófuga tras el crimen y su teléfono celular, que es una prueba clave, nunca apareció”, señaló Martínez. El querellante anticipó que intentarán agotar las instancias judiciales superiores, incluida la Suprema Corte de Justicia, para fijar un criterio claro sobre el arresto domiciliario en delitos de gravedad extrema. “El bien jurídico protegido es la vida, es lo más preciado. Hay una incertidumbre en los operadores jurídicos sobre este beneficio en causas de esta magnitud, por lo que entendemos que la discusión debe llegar a las máximas instancias para dar tranquilidad a las víctimas”, cerró.

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