Cuestionan el fallo por la muerte en la comisaría de Yuto y llegan a la Corte
El abogado querellante cuestionó el fallo que desestimó la demanda contra el Estado por la muerte en la comisaría de Yuto y presentó un recurso ante la
La decisión judicial que liberó de responsabilidad civil al Estado provincial por la muerte en la comisaría de Yuto de Gabriel Luis Bautista generó un profundo malestar. El joven, de 29 años, fue encontrado sin vida dentro de una celda de la Seccional Nº 22 el 21 de abril de 2024.
Carlos Sebastián Espada, abogado querellante y representante legal de la familia de la víctima, tildó la resolución de “absolutamente sesgada” y sostuvo que el tribunal no tuvo en cuenta la serie de irregularidades que cometió la fuerza de seguridad. Además, el letrado confirmó que ya se presentó un recurso extraordinario federal para que el reclamo llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según la reconstrucción de los hechos, Bautista fue aprehendido cerca de la 1 de la madrugada del 21 de abril de 2024 con el argumento de una supuesta averiguación de antecedentes. No obstante, la querella remarcó que en el libro de novedades ya constaban sus datos filiatorios completos y los de su madre.
Aunque a las 8 de esa misma jornada se dispuso una orden formal de liberación, los efectivos policiales nunca la ejecutaron. Cerca de las 17, después de pasar 16 horas detenido e incomunicado y sin recibir alimento, el joven fue hallado ahorcado con una prenda de vestir de mujer cuya procedencia nunca pudo aclararse.
En la causa penal continúan imputados varios efectivos policiales por delitos graves como privación ilegítima de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y apremios ilegales.
A pesar de ese contexto procesal, el fallo cuestionado rechazó el reclamo de la madre de Bautista al considerar únicamente que la requisa inicial había sido correcta. Para Espada, reducir el análisis a ese aspecto técnico deja de lado la responsabilidad del Estado en la custodia, la falta de alimento y el incumplimiento de la orden de liberación. El abogado definió el caso como uno de los hechos de violencia institucional más graves de los últimos tiempos en la provincia.
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