El caso María Luz Herrera: su padre reclama celeridad a la justicia de Chaco
El padre de María Luz Herrera reclamó celeridad a la justicia de Chaco a casi tres años de la desaparición de la joven y cuestionó la burocracia estatal.
A casi tres años de la desaparición de la joven jujeña en Chaco, Sebastián Herrera, su padre, manifestó su malestar por la demora en el avance del proceso judicial y apuntó contra la burocracia estatal. En diálogo con Radio 2, el hombre destacó que la etapa de pruebas recién concluyó después de una extensa gestión impulsada por su abogada, la doctora Carolina Aquino, para conseguir la pericia informática de los teléfonos de los acusados.
“Nosotros teníamos necesidad de qué hablaron esas personas días anteriores a la noche desgraciada del 29 de septiembre del 2023 y días posteriores (…) Gracias al caso este de Cecilia Strzyzowski, que fue un par de meses antes que mi hija y las circunstancias fueron similares (…) cibercrimen trabajó y, bueno, como todos sabemos, Sena fue condenado… y en el caso de mi hija, el padre fue partícipe necesario y el asesino de mi hija, el novio”, relató el padre.
El progenitor señaló que, pese a que el novio y el suegro de la víctima permanecen detenidos con prisión preventiva y a que las evidencias acumuladas son sólidas, el expediente se vio demorado por obstáculos administrativos para acceder al contenido de los mensajes y las comunicaciones que fueron borradas.
Herrera también criticó con dureza el funcionamiento del sistema judicial chaqueño y la escasa empatía de las instituciones hacia los familiares de las víctimas. En ese sentido, cuestionó que el Estado suele brindar más consideraciones a los imputados que a los seres queridos de quienes padecen un delito.
“Herrera tuvo prisión domiciliaria, el padre, porque decía que le hacía mal que los otros presos fumaran. Le quiero decir algo: a mí nadie me ha venido a preguntar si yo me sentía bien o mal, si la madre estaba bien o mal. Nadie. El Estado se preocupa más por el asesino que por la víctima”, expresó.
En la actualidad, la familia y su representación legal aguardan con expectativa que se ordene la elevación de la causa a juicio oral y público para definir las penas de los responsables.





