Gobierno lanzó un retiro voluntario estatal para 20 mil empleados públicos
El Gobierno lanzó un retiro voluntario estatal para unos 20 mil empleados públicos, con compensaciones según edad, antigüedad y aportes jubilatorios.
Un nuevo retiro voluntario estatal puso en marcha el Gobierno nacional, alcanzando a personal de la administración pública. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue quien dio a conocer la iniciativa: alrededor de 20 mil trabajadores reúnen las condiciones para sumarse al régimen, el cual prevé compensaciones económicas que se calculan según la edad, la antigüedad y los aportes jubilatorios de cada persona.
Pueden acceder quienes revistan en planta permanente o cuenten con contratos por tiempo indeterminado dentro de la administración pública nacional centralizada. En cambio, quedan fuera los contratados de manera transitoria y el personal de ciertos organismos y sectores: las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
Tres grupos con condiciones económicas distintas
El esquema divide a los beneficiarios en tres categorías. La primera abarca a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no reúnan los aportes exigidos para jubilarse; estas personas podrán optar entre una gratificación única o el cobro del 60% de su salario bruto mensual por un plazo máximo de 36 meses.
El segundo grupo comprende a mujeres de entre 58 y 64 años y a hombres de 63 a 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes. En su caso, recibirán un sueldo por cada año de antigüedad, dentro de los límites fijados, más cinco remuneraciones adicionales.
La tercera categoría incluye a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Podrán percibir un salario por cada año de antigüedad, con un tope de 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco sueldos de acuerdo con sus años de servicio.
Requisitos para adherirse
Los interesados no deben registrar procesos penales por delitos contra la administración pública ni sumarios administrativos graves que pudieran derivar en cesantía o exoneración. Asimismo, quien tenga demandas judiciales o reclamos administrativos vinculados a su relación laboral deberá desistir formalmente de esas acciones.
Tampoco podrán incorporarse los agentes en situación de disponibilidad, aquellos con una renuncia pendiente de aceptación o quienes estén cursando el cuarto año de licencia por enfermedades o lesiones de largo tratamiento.
Ocho años sin poder volver al Estado
Una de las condiciones centrales del programa indica que quienes acepten el retiro no podrán ser contratados nuevamente en el Sector Público Nacional durante ocho años. La adhesión supone el fin definitivo de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario correspondiente.
El ingreso al régimen no será automático: las autoridades de cada jurisdicción tendrán la facultad de rechazar solicitudes cuando consideren que la salida del trabajador perjudica la prestación de servicios. Para resolver cada pedido contarán con 40 días corridos desde el cierre de la inscripción; si no hay aceptación expresa en ese lapso, la solicitud se tendrá por rechazada.
Este esquema funciona de manera independiente del programa de retiros voluntarios que ANSES instrumentó durante septiembre, cuya convocatoria finalizó el 30 de ese mes y previó compensaciones de hasta 19 haberes brutos. Para más información sobre medidas de alcance nacional, consultá la sección de noticias nacionales.





