Jujuy registra baja incidencia de casos en el régimen penal juvenil

Durante una conferencia dedicada a la Ley Nacional N° 27.801, que instaura el nuevo régimen penal juvenil en Jujuy, autoridades reunidas en el Colegio de Abogados de la provincia destacaron que la población adolescente local presenta una incidencia delictiva reducida, una realidad que contrasta con la de los grandes centros urbanos del país.

La actividad contó con la participación de especialistas y representantes del Poder Judicial, quienes debatieron sobre los retos del abordaje interdisciplinario y la necesidad de actualizar los marcos regulatorios vigentes sin relegar las políticas públicas orientadas a la prevención.

En ese sentido, la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Alejandra Martínez, consideró conveniente revisar el texto normativo provincial. Al respecto expresó que “al tener una nueva legislación en el orden nacional, necesitamos adecuar nuestra normativa provincial también, siguiendo un enfoque con criterio humanitario”.

La funcionaria también hizo hincapié en la escasa tasa de punibilidad registrada en la jurisdicción y afirmó que “esta ley tuvo un criterio vinculado a las situaciones que acontecen en provincias como Santa Fe o Buenos Aires, pero en Jujuy la situación de los adolescentes respecto a este tema es verdaderamente menor; en 2023 hubo un solo joven en el Centro de Admisión y Derivación”.

Consultada por la asignación de recursos económicos para el área, Martínez aclaró que “la ley prevé una partida significativa, aunque no ha sido distribuida correctamente desde Nación; de todas maneras, en Jujuy los dispositivos como el CAD y los centros socioeducativos están funcionando”.

Por otro lado, la agenda institucional proseguirá en el Colegio El Salvador, donde los expertos dialogarán cara a cara con los estudiantes acerca de los alcances del régimen procesal y los riesgos en entornos digitales, generando un espacio de escucha activa con los propios jóvenes.

Respecto de las denuncias que involucren a menores, la referente explicó que “van a ser analizadas por un fiscal especializado o remitidas al Sistema de Protección de Derechos si corresponden otras medidas, interviniendo equipos interdisciplinarios para brindar asistencia y contención”.

Por último, Martínez puso en valor la articulación alcanzada entre los distintos poderes del Estado y la universidad pública, y reafirmó que el eje central del sistema debe ser el compromiso con la prevención para evitar que los adolescentes incurran en conductas delictivas. Para más información sobre noticias policiales y locales, visitá nuestras secciones.