Ley Malvinas en Diputados: aliados rechazan los cambios penales del oficialismo
La Ley Malvinas en Diputados enfrenta el rechazo de los bloques aliados a los cambios penales del oficialismo, en una sesión clave para el Gobierno.
La discusión por la Ley Malvinas en Diputados quedó atravesada por las diferencias entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, que piden suprimir el capítulo con modificaciones penales. Durante las negociaciones, esos sectores aliados reclamaron eliminar ese apartado, aunque el Gobierno planteó reformulaciones en la redacción que no alcanzaron para conformarlos.
“Pedimos que lo eliminen, no que lo cambien”, declaró a TN un legislador que suele participar de los entendimientos parlamentarios con La Libertad Avanza. Ese diputado adelantó que rechazará el artículo si continúa dentro del texto. En igual sentido se pronunció la radical Karina Banfi, quien puso en duda la necesidad de las modificaciones penales referidas a la expresión para cumplir los fines de una norma de defensa nacional.
Uno de los puntos más objetados es la inclusión de una figura penal sobre acciones de injerencia extranjera. El borrador inicial hablaba de “campañas coordinadas de desinformación masiva”, expresión que el oficialismo quiso sustituir por “campaña de injerencia extranjera”. La nueva propuesta abarca actuaciones planificadas, sistemáticas o sostenidas, de carácter clandestino, engañoso, coercitivo o ilícito, que escondan un vínculo con un agente extranjero, y exige que exista conocimiento de ese lazo.
El texto deja fuera de manera expresa la actividad diplomática, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses, pero conserva una pena general de cinco a 12 años de prisión. Los bloques dialoguistas ponen en duda la precisión de esa figura y alertan sobre sus efectos para la libertad de expresión, además de las complicaciones para probar la intención de los implicados y su relación con agentes extranjeros. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade también rechazó la iniciativa y afirmó que podría transformarse en una herramienta de control social y político del Poder Ejecutivo.
Para aprobar ese capítulo se necesitan 129 votos afirmativos en la Cámara baja, dado que introduce cambios en la legislación electoral. La maratónica sesión terminó sin acuerdo.
Más allá de la polémica por los artículos penales, el proyecto busca crear un régimen de sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. La propuesta prevé prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para empresas y personas involucradas. Suma restricciones económicas que podrían impedir a los sancionados desarrollar ciertas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales, e incluye cambios en la estructura de seguridad nacional y en la legislación de inteligencia.
El temario también contempla la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que vuelve a Diputados con modificaciones del Senado. La Cámara alta alteró el artículo tercero y quitó la exigencia de dos tercios de ambas cámaras para remover a las autoridades y a los integrantes del Directorio, aunque mantuvo el mecanismo de designación: los miembros serán propuestos por el Poder Ejecutivo y necesitarán acuerdo del Senado por mayoría calificada. Durante ese debate, el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, cuestionó que se fijen requisitos distintos para designar y remover a las autoridades. La reforma pretende reforzar la preservación del valor de la moneda como función central del organismo, limitar el financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, fijar nuevas reglas para distribuir utilidades y fortalecer la independencia de sus autoridades. Patricia Bullrich defendió la iniciativa en el Senado y sostuvo que busca evitar que el Banco Central vuelva a ser una herramienta de financiamiento del Gobierno.
La convocatoria de Martín Menem incluye dos acuerdos comerciales internacionales: el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio y el Mercosur, y la Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur. También se tratarán convenios firmados en julio entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires para transferir competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño, con el traspaso de la función judicial en materia criminal y correccional de menores. Por último, se incorpora una modificación al artículo segundo de la Ley 24.467, del marco regulatorio de las pymes, para que las cooperativas puedan acceder al certificado MiPyME.
La sesión será decisiva para el Gobierno, que intenta avanzar con sus principales iniciativas antes del cierre del período ordinario. Las diferencias por el Título VII de la Ley Malvinas en Diputados mantienen abiertas las negociaciones y el oficialismo deberá reunir los apoyos para los artículos cuestionados, sobre todo los que exigen mayoría absoluta. El debate sobre la reforma del Banco Central y el resto de los proyectos del temario también marcará la jornada. Para más información sobre la actividad legislativa, consultá la sección de política y las noticias nacionales.





