Ley penal juvenil: desde cuándo rige en Argentina

La nueva ley penal juvenil, sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo, entra en vigencia este sábado 5 de septiembre. Según su artículo 52, el plazo de 180 días desde su publicación se cumple hoy.

Esta normativa deja sin efecto a la Ley 22.278, que regía el régimen penal de menores y que, tras una reforma de 1983, establecía que los menores de 16 años no eran punibles.

Responsabilidad penal desde los 14 años

Con la Ley 27.801, el nuevo régimen se aplica a adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplan 18, considerando la edad que tenían al momento del hecho. Así, un joven de 14 o 15 años acusado de un delito podrá ser sometido a un proceso penal juvenil, algo que antes no ocurría. La ley busca que el adolescente entienda su responsabilidad legal y que las medidas se orienten a su educación, resocialización e integración social.

Qué penas establece la nueva ley

El régimen prevé distintas sanciones según la gravedad del delito, entre ellas: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, restricciones para salir del país, servicios a la comunidad, monitoreo electrónico, reparación del daño y penas privativas de la libertad. También se pueden sumar medidas complementarias como asistencia a programas educativos, capacitación laboral, actividades deportivas o tratamientos médicos.

Para delitos con penas de hasta tres años de prisión, la ley establece que la cárcel deberá ser reemplazada por sanciones alternativas. La privación de libertad se aplicará como último recurso y por el menor tiempo posible, según estándares internacionales.

Hasta 15 años de privación de la libertad

Los adolescentes no podrán recibir prisión o reclusión perpetua; la pena máxima será de 15 años, incluso si la escala penal superara ese límite. La detención podrá cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto o en un instituto especializado, y nunca junto a adultos.

Más participación de las víctimas

La Ley 27.801 también fortalece los derechos de las víctimas en el proceso penal juvenil: podrán recibir asistencia especializada, participar y, en ciertos casos, intervenir en mediaciones. Además, los padres serán civilmente responsables por los daños causados por sus hijos, según el Código Civil y Comercial.

Qué deberán hacer las provincias

La norma invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones procesales. La implementación genera expectativas e interrogantes en la Justicia de menores, que deberá contar con estructuras y profesionales preparados para recibir casos de adolescentes de 14 y 15 años, antes excluidos del sistema.

La puesta en marcha de la ley penal juvenil implica adecuar prácticas judiciales e institucionales al nuevo esquema. Para más información sobre noticias policiales, seguí nuestro sitio.