Suspendieron el juicio por estafas en el Juzgado Contravencional tras dos acuerdos

El debate oral y público que debía juzgar las maniobras de corrupción y estafa registradas dentro del Juzgado Contravencional N° 1 de Jujuy quedó frenado este jueves, apenas minutos después de su apertura formal. El Tribunal en función de juicio, que sesiona en la sede del Poder Judicial de la calle San Martín, decidió por unanimidad interrumpir las audiencias al aceptar un planteo conjunto de los abogados defensores.

La conformación del cuerpo colegiado tuvo una variante desde el arranque: la jueza Pilar Medina ocupó el estrado en lugar del vocal Mario Puig. De esa manera, el tribunal quedó compuesto íntegramente por magistradas, con María del Rosario Hinojo a cargo de la presidencia de trámite, secundada por Felicia Barrios y por la propia Medina.

Todo estaba listo para la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, impulsada por Diego Funes, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública, cuando una presentación previa modificó el escenario. Antes de la apertura formal, el defensor oficial Esteban Salinas Saguir, del Ministerio Público de la Defensa, comunicó que había alcanzado acuerdos procesales con la Fiscalía en relación con dos de los cinco acusados que debían sentarse en el banquillo. Se pidió un juicio abreviado para Benjamín Taritolay, imputado por asociación ilícita, y la suspensión del juicio a prueba (probation) para Kevin Rodríguez, acusado de asociación ilícita, fraude y lavado de activos.

Con esas salidas procesales, ambos quedaron apartados automáticamente del debate oral. Así, de los ocho imputados originales de la investigación penal iniciada en 2024, cinco ya resolvieron su situación mediante acuerdos previos —tres homologados antes y los dos sumados en esta jornada—, por lo que solo tres acusados llegan al juicio oral.

El apartamiento de Taritolay y Rodríguez generó una reacción inmediata de los letrados que asisten a quienes siguen sometidos al proceso: Marcelo Choque y Rosario Cejas, defensores del principal acusado, Matías Daniel Yebara; Raúl Domínguez, en representación de Sandra Aguayo; y Hugo Ramos junto a Leonela Lara, por Alejandra Ramos, quien además ejerce su propia defensa técnica. Ante las juezas, los defensores pidieron formalmente suspender el juicio. Sostuvieron que las resoluciones alcanzadas respecto de Rodríguez y Taritolay introducen cambios sustanciales que inciden de manera directa en las estrategias defensivas de sus clientes. Remarcaron que resulta indispensable contar con los fallos firmes de esos acuerdos y readecuar la plataforma fáctica de la acusación, excluyendo con precisión los hechos, roles y circunstancias atribuidos a quienes acaban de quedar fuera del proceso.

Después de escuchar a las partes, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio para deliberar y volvió a la sala con una resolución unánime: hacer lugar al pedido de suspensión. Las magistradas fundamentaron la medida en que esas circunstancias sobrevinientes, planteadas al inicio mismo de la audiencia, podían afectar el pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio de los tres acusados restantes.

Según lo resuelto, el debate oral permanecerá suspendido hasta que queden firmes las resoluciones correspondientes a Rodríguez y Taritolay. Una vez cumplida esa instancia procesal, las partes deberán solicitar a la Oficina de Gestión Judicial la fijación de un nuevo cronograma de audiencias, dejando sin efecto las fechas que habían sido pautadas originalmente para el resto del mes de noviembre.

Con este nuevo panorama, el Ministerio Público de la Acusación concentrará su carga probatoria sobre los tres acusados restantes, encabezados por Matías Daniel Yebara. El ex efectivo policial y ex empleado administrativo del Juzgado Contravencional llega al proceso señalado como el presunto jefe de la asociación ilícita, además de enfrentar cargos por fraude a la Administración Pública y lavado de activos agravado en concurso real. Cabe recordar que Yebara ya cumple una condena firme de siete años de prisión efectiva por otra causa vinculada a chantaje, uso de documento falso y estafa procesal. Si bien en este expediente declaró bajo la figura de imputado colaborador (“arrepentido”), fuentes de la fiscalía confirmaron que sus manifestaciones no aportaron datos relevantes ni elementos que pudieran ser corroborados para el avance de la pesquisa.

Junto a él permanecen en el banquillo Sandra Aguayo y Alejandra Ramos, ambas acusadas de integrar la asociación ilícita, defraudar al Estado y cometer lavado de activos agravado por su condición de funcionarias públicas.

De acuerdo con la hipótesis sostenida por el fiscal Diego Funes, la organización operó entre enero y agosto de 2024 aprovechando sus funciones dentro del Juzgado Contravencional N° 1. Los implicados captaban a ciudadanos que acudían a regularizar infracciones y los engañaban haciéndoles creer que abonaban multas oficiales o realizaban “donaciones” a entidades públicas. Sin embargo, el dinero era exigido en efectivo o desviado directamente hacia cuentas bancarias personales y billeteras virtuales de los propios acusados o de allegados cómplices, sin ingresar jamás a las arcas provinciales. Para encubrir el desfalco, utilizaban sellos apócrifos, adulteraban actas para simular la cancelación de las deudas y “cajoneaban” o destruían los expedientes físicos.

Mientras el juicio oral aguarda su reprogramación, en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación continúa abierta una segunda línea investigativa de alto impacto institucional, centrada en el accionar del ex juez José Matías Ustárez Carrillo, quien estaba al frente del Juzgado Contravencional N° 1 durante el período en que se ejecutaron las maniobras. El exmagistrado se encuentra formalmente imputado.

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