Cuatro presos de Jujuy procesados por estafas desde la cárcel con el nombre de Rosatti

Cuatro internos del Establecimiento Penitenciario N.º 7, ubicado en San Salvador de Jujuy, quedaron procesados con prisión preventiva por su presunta participación en una organización dedicada a las estafas desde la cárcel. Los acusados se hacían pasar por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para engañar y extorsionar a familiares de detenidos. La resolución estuvo a cargo del juez federal Julián Ercolini.

Los cuatro imputados enfrentan cargos por asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autoridad, y deberán seguir sometidos al proceso judicial. De acuerdo con la investigación, las maniobras se concretaban con teléfonos celulares que los sospechosos escondían en sus celdas.

Según la resolución, el grupo habría actuado entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. En ese lapso, los acusados habrían usado la identidad del titular del máximo tribunal del país para obtener datos de personas detenidas y después contactar a sus familiares, a quienes les ofrecían beneficios judiciales a cambio de dinero.

Cómo operaba la banda

El mecanismo arrancaba con llamados a dependencias policiales, penitenciarias y otras fuerzas de seguridad. Los sospechosos se presentaban como autoridades judiciales y pedían datos personales de personas privadas de la libertad, además de números telefónicos de sus allegados.

Para dar credibilidad al engaño, usaban perfiles de WhatsApp con fotografías de Rosatti, imágenes del edificio de Tribunales y referencias a la Corte Suprema. Con la información en mano, contactaban a los familiares de los detenidos y les aseguraban que podían gestionar libertades, fianzas o trámites judiciales mediante el pago de determinadas sumas.

En una de las conversaciones incorporadas al expediente, uno de los involucrados habría reconocido la modalidad: “A ellos les estamos robando, le pedís los números de familiares ahí, estamos diciendo que les vamos a dar una fianza”.

La investigación también reveló que los acusados utilizaban billeteras virtuales, cuentas bancarias y distintos alias para recibir las transferencias. En algunos casos, las exigencias económicas llegaban hasta el millón de pesos. Las maniobras no se limitaban a los familiares de personas detenidas: según la causa, los sospechosos también se presentaban como representantes de empresas privadas y anunciaban premios inexistentes, como vehículos, dinero o electrodomésticos, para luego solicitar pagos por supuestos gastos administrativos.

Uno de los casos investigados corresponde a un hombre que transfirió $450.000 después de recibir llamados en los que le prometían gestionar la liberación de su hijastro, alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. El dinero fue enviado a un alias que simulaba estar vinculado con el Poder Judicial.

Otros dos damnificados habrían realizado pagos por falsas promociones. Uno transfirió $429.500 por un supuesto vehículo, mientras que otro denunció un perjuicio estimado de entre 9 y 10 millones de pesos relacionado con un premio de telefonía satelital.

La llamada que destapó todo

La investigación comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina recibió una llamada de un hombre que aseguró ser el presidente de la Corte Suprema.

El interlocutor se presentó como “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y solicitó información sobre detenidos y sus familiares. Para justificar el pedido, afirmó que se encontraba realizando un relevamiento relacionado con derechos humanos. La comunicación despertó sospechas y los investigadores lograron rastrearla hasta las inmediaciones del Penal N.º 7 de Jujuy. A partir de ese dato se realizaron intervenciones telefónicas, cruces de líneas, análisis de movimientos bancarios y allanamientos dentro del establecimiento.

Durante los procedimientos de diciembre de 2024 se secuestraron celulares, tarjetas SIM y libros con anotaciones de números telefónicos, cuentas bancarias, alias y posibles destinatarios de transferencias. Ese material permitió avanzar en la reconstrucción de las maniobras atribuidas a los internos.

Uno de los aspectos que destacó la resolución judicial fue que las actividades investigadas habrían continuado incluso después de los primeros allanamientos y del secuestro de uno de los teléfonos utilizados para realizar las llamadas. Para Ercolini, la utilización del nombre, la imagen y la función institucional del presidente de la Corte Suprema demostraba que los imputados eran conscientes de que estaban atribuyéndose una autoridad que no tenían. Además de ordenar el procesamiento con prisión preventiva, el magistrado dispuso un embargo de $5 millones sobre los bienes y el dinero de cada uno de los cuatro acusados.

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